Plan México y el programa de vivienda

 

        Plan México y el programa de vivienda

 

El llamado Plan México presentado por la presidenta Sheinbaum como la respuesta de México al embate de los aranceles del presidente Trump el pasado 3 de abril contiene una serie de propuestas que están relacionados con la actividad que realiza el Estado en el ámbito productivo, del transporte y la comunicación y del bienestar social. Se entiende que serán acciones que se realizaran durantes los próximos años con recursos presupuestales.

En la lista de nuevos programas se incluye además de los programas ya existentes emprendidos por la administración pasada los que son ahora del interés de la nueva presidenta: beca universal Rita Cetina por 79 mmdp, programa de vivienda social por 32 mmdp (nuevos créditos para adquirir y mejorar vivienda por el INFONAVIT y la CONAVI), apoyo a mujeres de 60 a 64 años por 15 mmdp y el programa salud casa por casa,  todo por un monto de 128 mil millones de pesos.

En este comentario abordo el tema del programa de vivienda, que como se apuntó sería el beneficiario de 32 mil millones de pesos en 2025, edificaría 165 mil viviendas y crearía según las estimaciones optimistas de las autoridades 400 mil empleos este año (muy por encima de las estimadas por Banxico para toda la economía).

En el pasado el INFONAVIT ha sido el principal agente junto con el FOVISSTE en la promoción de la vivienda en nuestro país, primero como constructor de vivienda y luego como financiador de esta; el actual gobierno busca que retome su papel de constructor de vivienda que tuvo al inicio utilizando los recursos de los trabajadores (70 millones de cuentahabientes que contabiliza un monto de alrededor de 2 billones de pesos) que actualmente administra. La construcción de las viviendas se haría a través de una nueva empresa filial creada con la reforma recién aprobada usando los recursos depositados en las cuentas (la meta es de construir 500 mil viviendas durante la presente administración).  Esta decisión ha sido debatida por muchos, ya que se considera que la empresa ha dado mejores resultados administrando los recursos que construyendo vivienda y puede poner en riesgo la viabilidad financiera de la institución que afectaría los ahorros acumulados por los trabajadores, ya que la cartera vencida se ha incrementado notablemente. Por otro lado, la CONAVI (organismo desconcentrado del Gobierno Federal) construiría otras 500 mil viviendas se afirma con recursos provenientes de la Financiera Bienestar que se entiende que serían para población informal que no cotiza al INFONAVIT (no sabemos si dichos recursos provendrían también de las cuentas de los trabajadores o de otras fuentes). Sin embargo, el gobierno ha desestimado las críticas asumiendo que la prioridad debe de ser atender la demanda de vivienda en particular de la población de bajos ingresos (que no cotiza al INFONAVIT o al FOVISSTE) anunciando adicionalmente un programa de regularización de un millón de viviendas, de apoyos en efectivo para su mejora para ciertos grupos de población residente por ahora en 10 municipios  del estado de México (40 mil pesos por propietario que no pagará intereses ni será reembolsable, lo pagarán nuestros impuestos) y de renta de dichas viviendas para jóvenes de entre 18 y 30 años. El cambio legal que incluye aspectos de la administración del INFONAVIT es ya objeto de múltiples amparos que sólo con el tiempo sabremos cómo terminan.

El programa tiene metas sexenales en cuanto al número de viviendas a construir que parte según las mismas autoridades de las necesidades actuales de vivienda de la población (un millón de vivienda de las cuales 500 mil las haría el INFONAVIT destinando 288 mil millones de pesos  para construcción y 20 mil millones para mejoramiento y 500 mil la CONAVI, destinando 285 mil millones de pesos para construcción y 15 mil para mejoramiento), aunque todo ello debe hacerse manera razonable no al estilo de cada gobierno de querer hacer las cosas a la carrera sin pensar mucho en los diagnósticos y en los pasos intermedios que se deben cumplir para lograr los mejores resultados (por ejemplo se menciona rescatar viviendas abandonadas para renta lo cual puede ser un pésimo negocio para la institución). Me temo que este gobierno no es diverso de los anteriores en la manera en qué aborda los problemas en particular cuando son parte de los llamados programas sociales que busca impulsar de manera adicional a los ya existentes sin importar mucho la evaluación de ellos y que tienen entre otros propósitos generar clientelas políticas favorables al partido en el poder.

En este sentido, si uno recorre el país podrá percatarse de los extensos desarrollos urbanos que se han construido a lo largo y ancho, por lo que lo que se considera que la falta de vivienda debe cuantificarse a partir de restar aquellas viviendas que están en una situación irregular que según las estimaciones públicas pueden amontar a alrededor de 933 mil (viviendas abandonadas, vandalizadas, con adeudos, problemas de escrituración o que están  habitadas por terceros); de este total se señala que 206 mil fueron recuperados por INFONAVIT por falta de pagos. Sin embargo, estas no pueden ser escrituradas dado que existen diversos problemas legales.

Adicionalmente,  cuando uno llega a conocer la opinión de los residentes de estos nuevos desarrollos urbanos se percata que su construcción muchas veces se ha realizado sin tomar en cuenta la necesaria infraestructura que debe acompañarlo para que pueden con agua suficiente,  alumbrado público, vías de acceso, transporte, que en algunos casos el desarrollador debe cubrir (elevando el costo de la vivienda) pero que en otros no los cubre por lo que solventar estas deficiencias corre a cuentas de los gobiernos locales siempre limitados de recursos. La retórica oficial, que ya sabemos todo lo pinta en color rosa, afirma que esto ya no se repetirá, pero no sabemos si el programa de vivienda incluye en paralelo la construcción de dicha infraestructura y la disponibilidad de medios de transporte adecuados, lo cual se deberá descontar de los recursos destinados a la construcción de viviendas. La retórica pretensión de la autoridad de construir en lugares urbanizados donde existe ya dicha infraestructura no parece que sea viable en la medida en que los centros urbanos están ya saturados en algunos casos bajo una conservación patrimonial especial que limita los desarrollos inmobiliarios, lo que los obliga a buscar terrenos en la periferia (las dificultades para conseguir los permisos son otro de los dolores de cabeza para los desarrolladores). Esto demanda atender con particular interés la parte del transporte, ya que los largos recorridos del trabajo a la casa y viceversa son un impedimento muy fuerte para habitar en dichos desarrollos y que resulta en el abandono de la vivienda o la renta a terceros.

En términos económicos sabemos de los efectos positivos que la construcción de vivienda tiene sobre la economía local tanto en la demanda de insumos como en la  de empleo además de hacer frente al rezago que tiene la vivienda de interés social en particular en la población de bajos ingresos, pero ello no puede ser la justificación para que se construya sin una adecuada planificación que genere efectos colaterales desastrosos para el ámbito urbano incluso medio ambiental además de que los desarrollos inmobiliarios (que la retórica oficial ahora señala que han carecido de visión social) no cubran las necesidades habitacionales de la población en la medida que su ocupación no sea atractiva por la combinación de varios de los factores adversos anteriormente mencionados. Por todo ello, la construcción de vivienda aunque deseable para cubrir la demanda de la población en particular de menores recursos, no puede llevare a cabo sin tomar en cuenta algunos de los aspectos aquí mencionados dejando de lado la pésima retórica que muestran las nuevas autoridades que de partida descalifica las experiencias positivas del pasado y pretende que a partir de ahora todo será  maravilloso.