Ciudad
de México, mayo de 2019
Migración
de Centroamérica
Durante
los últimos años, la frontera sur ha sido impactada por el fenómeno migratorio,
además del tráfico y trata de personas, el contrabando de mercancías y el paso
de materiales prohibidos, tales como drogas y armas. En nuestro país, el
fenómeno migratorio tiene diversas modalidades, ya que somos país de origen, de
destino, de tránsito y de retorno de personas migrantes.
Una
característica fundamental del actual incremento del flujo migratorio que se
registra en la frontera sur de nuestro territorio, se asocia estrechamente con
el migrante en tránsito, el cual circula por nuestro país para llegar
principalmente a Estados Unidos. Este flujo migratorio se diferencia del
registrado en las décadas pasadas en que la principal motivación, no es ahora
huir de un conflicto bélico (el único conflicto que registra la región se
localiza en Nicaragua entre el gobierno y la oposición) sino por la falta de
condiciones de desarrollo económico y social en los países de origen y de una
creciente violencia urbana relacionada con el crimen organizado (los famosos
“Mara Salvatrucha” y otros grupos paramilitares).
De
acuerdo al Instituto Nacional de Migración hay sólo 11 cruces formales, con
presencia de autoridades migratorias en
ambos lados, y 56 cruces informales carreteros[1] y más de 300 peatonales, con un intenso tráfico de personas y
bienes, lo que nos permite tener una idea de la dimensión del problema 1.
La
Secretaria de Gobernación, estimó en 2018 que por los puntos de internación
terrestres de la frontera sur (Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche)
entraron 2 539 760 extranjeros de manera documentada (28, 836 más con respecto
a 2012). Además, la misma fuente registró 123 767 (60, 341 más con respecto a
2012) extranjeros de origen centroamericano presentados ante la autoridad por
no acreditar su situación migratoria y 77 641 (32, 510 más con respecto a 2012) extranjeros devueltos
por las entidades federativas antes señaladas.[2] Esto revela que el
verdadero incremento se ha dado en la población que está emigrando de manera
irregular desde esta región.
El
flujo migratorio que se registra actualmente está asumiendo nuevas
características: de una migración de pequeños grupos se ha pasado a una
migración de grandes grupos que ahora se llaman “caravanas” (probablemente bajo
la organización de algunos líderes que permanecen ocultos pero que cobran por
sus servicios), a la presencia de hombres se ha agregado una mayor
participación de mujeres y de manera sobresaliente de niños acompañados y solos,
por países de origen a los centroamericanos se han sumados cubanos, haitianos y
africanos (Congo, Camerún y Angola, principalmente) y su presencia ya no es un
fenómeno que se registra sólo en las ciudades fronterizas o confinado a la famosa
“Bestia” (el ferrocarril que parte de la frontera de Chiapas hacia el altiplano
central donde murieron y quedaron mutilados muchos migrantes) sino visible a la
largo de las carreteras y ciudades del país.
A lo
largo de los últimos años, las autoridades mexicanas han tratado de regularizar
el flujo documentado a través de dos tarjetas migratorias: visitante regional,
que se expide a los guatemaltecos que permite permanecer hasta tres días en las
entidades fronterizas y con vigencia de hasta 5 años; y la de visitante de trabajador
fronterizos, que se expide para trabajar en las mismas entidades con derecho a
entrar y salir de México cuantas veces lo deseen, con vigencia de una año. Sin
embargo, a partir del reciente aumento del flujo migratorio, cuya dimensión ha
sobrepasado a las autoridades responsables de su control y regularización, el
gobierno ha recurrido también a la llamada visa humanitaria (perseguidos
políticos o afectados por catástrofes naturales) que permite moverse por el
territorio nacional (se emitieron en 2017, 9, 642 visas la tercera parte para los estados fronterizos del sur y en 2018, 14 819 de las cuales la mitad fueron para las entidades mencionadas).
En el
2018, bajo la condición de Tarjeta de Visitante Regional (TVR), se expidieron
74 080 permisos a guatemaltecos y beliceños , 11 190 más a los emitidos en 2012.
El 97% fue para guatemaltecos.
En el
mismo año, bajo la condición de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo
(VTF), se expidieron 10 714, lo cual fue 11 365 menor con respecto al 2012.
Sobre todo los guatemaltecos fueron los solicitantes de esta tarjeta., aunque
quizás la demanda de este tipo de trabajo no tiene ya el atractivo que en el
pasado.
Además,
por residencia temporal (asilados, estudiantes, visitantes, diplomáticos y
otros) se expidieron 8 337 tarjetas en 2018 contra las 1744 de 2014 para
centroamericanos. Estas tarjetas beneficiaron a guatemaltecos y hondureños,
principalmente.
Las
nuevas autoridades confían en que las tarjetas mencionadas ayuden a que los
migrantes dejen la clandestinidad y escapen de las manos de los traficantes que
los explotan. Sin embargo, sabemos por la información de prensa que muchos
migrantes entran al país de manera ilegal, se niegan a solicitar su
regularización, realizan fugas masivas de los centros de atención protestando
condiciones de hacinamiento y mal trato y se internan clandestinamente en
territorio nacional en obstinada ruta hacia la frontera norte, presionando la infraestructura y rebasando la capacidad de control.
En
cuanto a las nuevas características de la migración cabe destacar que el número
de menores no acompañados devueltos ascendió en 2018 a los 31 005, lo que
representó un total de 25 139 más con respecto a 2012. Esto representa la
importancia que ha adquirido dentro del flujo migratorio donde muchos hombres y
mujeres se mueven ahora acompañados de sus hijos. Esto para muchos, no cabe
duda, que entra en las consideraciones de lograr que sus solicitudes de ingreso
tengan mayor probabilidad de obtenerse.
Finalmente,
el Instituto Nacional de Migración ha reportado que del incremento ya señalado
de las personas devueltas el 48% corresponde a Honduras, el 38.6% a Guatemala, el 11.5% a El Salvador y el
resto a Nicaragua y Belice. Sin embargo, se han incrementado recientemente las
deportaciones para los casos de Cuba y Haití, que no figuraban en los años
pasados. La nueva ola de emigrantes cubanos, cuyo pico se dio al término del
gobierno de Obama previo al retiro del trato migratorio especial, se da
probablemente debido al endurecimiento de las medidas contra Cuba tomadas por
la administración de Trump con efectos económicos sobre la isla.
Los
extranjeros alojados en estaciones migratorias de todo el país se han
incrementado sensiblemente principalmente centroamericanos, pero también
cubanos, haitianos y africanos. A este hecho habría que sumar los migrantes en
tránsito que se encuentran en refugios asistidos por organizaciones de la
sociedad civil o de la dimensión pastoral, debido a la escalada de violencia y
quebranto de sus derechos humanos de las que son víctimas. Sin embargo, el
inusitado número de migrantes en particular desde octubre del 2018 ha provocado hacinamiento, mal trato,
dificultades para cubrir sus necesidades básicas, retraso en la atención en las
solicitudes de regularización y en consecuencia varias fugas masivas con
violencia de por medio que han aumentado la población extranjera en situación
migratoria irregular en el país.
El
incremento del flujo migratorio tiene diversos efectos en los estados de la
frontera sur, tanto en materia de seguridad por la proliferación de hechos
delictivos asociados o derivados del mismo, como en el ámbito de los derechos
humanos de los migrantes, que sufren frecuentes situaciones de violencia de
todo género, lo mismo por parte de delincuentes nacionales y extranjeros que
por los abusos de autoridades mexicanas, de diversos niveles, y corporaciones.
No está por demás señalar, que
el aumento de las agresiones a lo largo de la ruta migratoria, encuentra ahora
respuesta en la formación de las llamadas “caravanas”, donde existe una mayor
protección de sus integrantes, aunque sabemos que detrás se tiene una red de
líderes, que de alguna manera son parte de la delincuencia organizada, que
cobran por estos servicios y que en determinado momento se despreocupan del
destino final de la gente que queda abandonada a su suerte.
El
pleno respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente
implica la restitución en el goce de tales garantías, sino poder prevenir su
violación, de tal manera que las consideraciones de seguridad nacional sean
compatibles con el respeto a los derechos humanos. Esto, hay que
reconocerlo, representa un nuevo desafío para las autoridades mexicanas,
obligadas a dar seguridad y protección a la población transmigrante, en
particular por sus características actuales de alta vulnerabilidad.
A partir de 2011, el nuevo
marco legal en materia migratoria (Ley Migratoria) y del reglamento derivado de
la misma, no cabe duda que representó un avance importante, ya que permitió superar la visión
que se tenía de perseguir y criminalizar al migrante, reconocer el núcleo
familiar y la protección de los derechos humanos, garantizar acceso a la
justicia y simplificar el trámite migratorio;
sin embargo, todavía está pendiente avanzar en muchos otros aspectos para contar con una mejor política migratoria.
Dada
la magnitud del problema migratorio en la frontera sur se requiere una estrecha
cooperación en particular entre México y los países del llamado Triángulo del
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para atenderlo, ya sea en términos de
una mayor inversión en infraestructura de cruces terrestres, en mejorar la
preparación de las policías fronterizas, de capacitar al personal de las
instituciones involucradas y en buscar en la medida de lo posible tener una
migración controlada, regulada y segura según los compromisos internacionales asumidos por México.
Además,
cabe destacar que son importantes los esfuerzos que se están haciendo a nivel
regional bajo el liderazgo de México que ahora se menciona que formarán parte de
un plan de desarrollo integral para la creación de un fondo especial destinado
a impulsar proyectos económicos que favorezcan la permanencia de los
migrantes en sus países de origen, aunque sabemos que la magnitud del fenómeno,
como ha sucedido en Europa, puede hacer muy insuficiente cualquier recurso (el
apoyo de la Unión Europea a Turquía no ha impedido las oleadas migrantes del
norte de África) y que los resultados no serán inmediatos. El gobierno estadounidense debe tener un papel destacado en
la instrumentación de esta iniciativa, ya que ejerce presión sobre México y los
países centroamericanos para frenar el movimiento de los migrantes que en una
gran mayoría buscan alcanzar la frontera con el país vecino (se ha mencionado
que los recursos de la iniciativa Mérida se deberían dirigir a este propósito).
Por último, en cuanto al
Instituto Nacional de Migración, sabemos que las nuevas autoridades han
expresado el propósito de tener una institución más eficiente, combatiendo a
fondo la corrupción que parece que no ha sido eliminada en muchas áreas, procurando el pleno respeto de los derechos humanos y
concibiendo al fenómeno migratorio estrechamente ligado al desarrollo
económico.
[1] Instituto Nacional de Migración, Comparecencia del Comisionado del INM
en el Senado de la República, 9 de octubre de 2013..
[2] Secretaria de
Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2012, 2014 y 2018
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