Los retos laborales de PEMEX

Ciudad de México, marzo del 2019.

La carga laboral de PEMEX

Los datos de personal, un número de 124 660, de los cuales 22,492 son de confianza y 102 168 son sindicalizados para 2017 según el último Anuario Estadístico de la empresa. Esta cifra excluye a 6 873 temporales, 1970 de confianza y 4903 sindicalizados. Este número de empleados se compara desfavorablemente con otras empresas de similar dimensión, como PETROBRAS (Brasil) con alrededor de 86 mil empleados (enero 2015). Cabe destacar que la producción petrolera de México fue de 1.9 mbd y para Brasil de 2.62 mbd en 2017. (en 2018 cayó todavía más a 1.7 mbd)

El personal creció en 9 551 plazas entre 2007 y 2012, pero ha disminuido entre 2012 y 2017 en alrededor de  26 037 empleados. Se estima un recorte adicional de alrededor de 5 117 plazas en 2018 (se llegaría a 119 543 plazas ocupadas).

El personal que trabaja sólo en el área del corporativo, de carácter eminentemente administrativo, pasó de 24 899 en 2009 a 26 961 en 2014 empleados según la Memoria de Labores (la última publicación es de ese año) aunque informes periodísticos señalan ajustes a la baja a partir de 2015.

La numerosa burocracia administrativa tiende a auto asignarse los niveles más altos de sueldo en los tabuladores, ha duplicado esfuerzos entre las áreas y frenado debido al aumento del gasto corriente el mejor desempeño financiero de la empresa. La reorganización de la empresa pasa necesariamente por un ajuste del personal administrativo inútil y costoso (elevados sueldos, generosas prestaciones y espléndidas jubilaciones). Se está hablando actualmente de un recorte de 16 mil personas como parte del plan de reorganización de la emproblemada empresa según la prensa local.

El pasivo total de la empresa que incluye deuda financiera, pensiones y jubilaciones y otros adeudos se elevaba ya a 3.6 billones de pesos en 2017 (1.3 billones más que en 2012) a pesar de que parte de la elevada carga de las pensiones y jubilaciones fue absorbida por el gobierno federal en una negociación donde se hicieron ajustes al contrato colectivo de trabajo. Las recientes medidas de apoyo para garantizar refinanciamientos de la deuda externa, absorber pasivos y bajar la carga fiscal han sido señaladas como insuficientes por las principales agencias calificadoras de la deuda. El gobierno está preparando otro paquete de apoyos para aliviar los problemas financieros de la empresa.

El Sindicato de PEMEX (STPRM), una central obrera identificada con el PRI, agrupa a 113 mil afiliados según la información de la página web aunque PEMEX reporta sólo 102 168 sindicalizados y está conformado por 55 secciones con presencia en la mayor parte del país. En varias ocasiones ha perseguido legalmente de manera directa o indirecta los intentos de algunos trabajadores por integrar organizaciones gremiales paralelas como la Unión de Trabajadores y Profesionistas Petroleros (UNTy PP), a la cual en 2009 se le concedió un amparo para proteger sus derechos negados por la autoridad laboral a conformar un sindicato. Este integraba en 2018 a 6 secciones en algunos estados petroleros.

El STPRM recibe de la empresa concesiones especiales como, hasta donde sabemos, el manejo y la propiedad de las pipas que transportan la gasolina y el diesel. Sin embargo, en el nuevo esquema de transporte, parece que esto cambiará a través de la creación de una nueva empresa.

El sindicato se pronunció en 2013 a favor de la reforma energética y no intervino en los foros que se realizaron en el Senado para escuchar las posiciones en torno a la misma.

En las últimas elecciones para algunas de sus secciones, ya sea de comités ejecutivos, de comisiones de honor y justicia y de vigilancia, el nuevo gobierno solicitó la realización de elecciones abiertas es decir votos emitidos con nombre, conforme al padrón y sin coacción sobre todo a partir de la ratificación del convenio 98 de la OIT. Sin embargo, muchos grupos señalaron una serie de irregularidades que dieron paso a la elección de planillas que contaban con el visto bueno de los dirigentes del comité nacional. El actual dirigente nacional, con una vida privada con muchas ostentaciones, tiene ya varias reelecciones en el cargo desde que en 1996 el anterior fue desplazado a partir de un enfrentamiento con el gobierno que lo acusó de actividades criminales. La última reelección lo mantendría en el cargo del 2019 al 2024, es decir, 28 años en el poder.

En el robo de combustible o huachicol como popularmente se le llama en México se está investigando a personal tanto de confianza como sindicalizado. El gobierno ha informado hasta ahora de cientos de detenidos, de cuentas intervenidas y denuncias, aunque sin señalar nombres para no entorpecer las investigaciones.

Las relaciones entre empresa y sindicato han sido cordiales, no se han hecho público diferencias importantes entre ellos, aunque también se señala que la empresa ha otorgado varias concesiones.

En algunas notas periodísticas se ha llamado a una nueva relación entre sindicato y PEMEX, aunque el marco de éstas debe ser el contrato colectivo que las rige, el cual se firmó en julio del 2017 para un periodo que finaliza en 2019 (a mediados de 2018 se hizo una revisión a los salarios, cuotas y prestaciones del gremio). En esta negociación la empresa deberá hacer una revisión profunda de las relaciones con su sindicato de trabajadores evitando la reproducción de vicios, abusos y concesiones indebidas (parece que son comunes la venta de plaza, de contratos, cuotas extraordinarias a los trabajadores, daños al patrimonio del sindicato, etcétera). El presidente ha pedido moderación en la próxima negociación salarial a mediados del presente año.

En fechas recientes una organización no gubernamental ha solicitado a través del INAI información del sindicato sobre ingresos, egresos, contratos, convenios y gastos de representación, la cual se ha negado a entregar en el pasado, por lo que está ahora por verse si bajo este nuevo gobierno la actitud no se modificará y no se procederá en contra al vencimiento del plazo que se le dio conforme a las disposiciones legales que se contemplan para situaciones de incumplimiento. Las últimas noticias es que el sindicato se amparara para evitar entregar la información requerida.

El nuevo gobierno ha señalado que respetará la vida de los sindicatos, no intervendrá en la designación de sus dirigentes aunque vigilará el cumplimiento del marco legal laboral en particular elecciones libres y de acuerdo a la nómina. La relación del viejo liderazgo sindical con el nuevo gobierno se muestra distante pero no hay declaraciones de guerra entre ellos cuando menos que hayan trascendido a la prensa. La cabeza del sindicato ha estado ausente en muchos actos públicos que han involucrado a la empresa.