Ciudad de México, marzo 2019
El reciente debate de los organismos autónomos en México
En el nuevo gobierno se ha abierto un animado debate sobre la existencia de los llamados organismos autónomos. Este ha surgido a partir de declaraciones poco favorables del presidente a la actuación de algunos de ellos: se ha criticado los sueldos de sus miembros, su actuación en algunas decisiones y se ha acusado de conflicto de intereses en uno de los órganos reguladores. Los críticos comentan que al presidente no le gustan los organismos autónomos porque le restan poder en la toma de decisiones, inclusive los considera como un “gobierno paralelo”.En nuestro país se han creado desde la década de los noventa en varios ámbitos.
En
el universo de los organismos autónomos se pueden distinguir a los que se les
conoce propiamente como tales y los que tienen funciones reguladoras:
En
el caso de los primeros se tienen en el rubro de la evaluación y fomento a la
educación: INEE (2002) e INEA (1981); en la producción de estadísticas oficiales:
INEGI (su creación es anterior pero su autonomía es de 2008); en materia de
transparencia: INAI (2003); y en el ámbito político: INE (su creación es
anterior pero su autonomía es de 1996 y sus funciones se reforzaron en 2014) y
la CNDH (1990).
En
el caso de los segundos se tienen en energía: los organismos coordinados de la
CRE (1994) y la CNH (2008), los cuales se actualizaron con la reforma
energética de 2014; en economía: la COFECE (2013); en el ámbito financiero:
Banxico (su creación es anterior pero su autonomía es de 1994) y en el de las telecomunicaciones
el IFT (2013)
Ambos
organismos tienen cuerpos colegiales que asumen el nombre de comisionados,
miembros o consejeros, los cuales son nombrados por lo general a través de
ternas que el presidente en turno presenta al Senado.
Estos
son generalmente aprobados con el consenso de los coordinadores de los partidos
políticos que están en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que controla
la cámara y luego son ratificados por el pleno.
La
creación de los organismos reguladores parte de una nueva concepción de la
administración pública que busca entre otros: contar con mandatos claros, cuerpos
colegiales, perfiles especializados y un mejor proceso de toma de decisiones
que favorezca a la economía y al conjunto de la sociedad.
En
los aspectos negativos que se han señalado a los reguladores se anota: una
nueva burocracia, altos costos por las remuneraciones que obtiene el personal,
el surgimiento de conflicto de intereses en el caso de los miembros y para
algunos, menor capacidad de decisión al ejecutivo que incide en la conducción
de la política económica.
En
los aspectos positivos, además de los que se han ya señalado anteriormente se
debe de añadir que acota el poder del ejecutivo para tomar decisiones de manera
jerárquica, ya sea directamente o a través de los funcionarios designados por el presidente de la
administración central, quienes muchas veces cumplen criterios políticos pero no técnicos.
En
cuanto a los aspectos negativos hay que reconocer que hay materia a analizar en
algunos de ellos: la burocracia se ha
incrementado con el tiempo, los sueldos se han disparado quizás en el ánimo de
captar buenos elementos y de evitar la corrupción, los conflictos de interés
aunque se han investigado en el momento de la selección y ratificación de los
integrantes no se han eliminado completamente como han señalado varias
organizaciones no gubernamentales y cuanto al último punto no deja de ser
cuestionable dada la facultad presidencial en materia de diseño y presentación
del presupuesto de egresos federal (PEF), que es el principal instrumento de
política económica del gobierno.
Los
organismos reguladores han cosechado a lo largo de los años importantes
resultados en sus ámbitos de actuación, aunque no exentos de críticas de parte
de algunos destacados empresarios que han señalado la existencia de obstáculos
en sus gestiones. La CRE, tiene entre sus desempeños importantes la promoción
del desarrollo de los medios de transporte, almacenamiento y distribución de la
industria (ductos) además de la regulación de la venta al público de los
productos incluyendo la fijación de tarifas; la COFECE ha favorecido la
transparencia en las compras públicas, mercados más competitivos en algunos
sectores económicos, precios más baratos y un mayor acceso a los consumidores y
el IFT ha contribuido a proteger a usuarios y audiencias y a un mejor mercado
en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El Banxico ha tenido
una función fundamental en la estabilidad de la economía a través del control
de la inflación.
Nuestro
país no es la excepción en cuanto a diferencias en materia de decisiones de
estos organismos, ya que es común también en países como Italia donde las
decisiones de la Comisión Antimonopolios, del Banco Central Europeo o de
cualquier otra instancia comunitaria ha sido criticad en la medida en que resta
soberanía al país en muchos ámbitos.
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