Ciudad de México, febrero de 2019
México: perspectivas poco alentadoras
En la
última encuesta del Banxico a los expertos en economía se ajustó hacia
la baja el crecimiento para el próximo año de 1.97% a 1.89% (esto incluyó
también el 2020). Lo mismo están haciendo algunas instituciones bancarias
internacionales debido a preocupaciones que tienen que ver con la existencia de
incertidumbre en torno a la evolución de las variables económicas: el superávit
primario, el monto del endeudamiento, el tipo de cambio, los ingresos
petroleros, etcétera.
El
nuevo gobierno está tomando muchas decisiones de manera precipitada, con improvisación, poco fundamento en evidencias y en medio de acusaciones que a falta de pruebas
pueden caer en la difamación. Sí el presidente llama “corruptos” a los
integrantes de los organismos autónomos, aunque probablemente el ojo de su ira
en este momento son los que están en el sector energético, debe probar que lo
son. Sí el Presidente señala a algunas empresas por contratos “leoninos” con la
CFE debe escuchar previamente a ambas partes antes de ventilar políticamente la situación
ante los medios. De otra manera, sus señalamientos generan incertidumbre en
muchos agentes económicos sobre las intenciones del gobierno en materia de marco
legal, cumplimiento de contratos y todo lo que implica un ambiente de certeza
jurídica, necesario para cualquier inversionista.
Las
agencias de calificación pueden ser “hipócritas” como señaló el Presidente,
pero hacen su trabajo con base en metodologías establecidas no en caprichos
temporales; su calificación negativa puede elevar sensiblemente el costo de la
contratación de deuda pública (gobierno y empresas productivas). Las recientes
medidas de apoyo a PEMEX, de carácter financiero (deuda y pasivo laboral) y
fiscal demuestran que no estaban del todo equivocados.
Esta
situación pues estar creando un ambiente poco propicio para que los
inversionistas nacionales e internacionales muevan más recursos al país. La
creación de un consejo asesor de empresarios fue en la dirección deseada, pero
cuánto se le toma en cuenta en materia de decisiones económicas. Lo mismo hizo
el presidente estadounidense, pero el consejo no duró mucho por las polémicas
con varios de sus integrantes. En estos días se inaugurará un nuevo grupo
integrado por funcionarios, empresarios y expertos denominado Consejo para el
Fomento del Empleo, la Inversión y el Crecimiento, que busca hace expedita la comunicación entre estas
instancias para apoyar los propósitos enunciados.
En
nuestros tiempos, el gobierno no lo puede hacer todo. En términos económicos su
peso se ha reducido significativamente y ello lo obliga más a sumar que a
restar fuerzas en la tarea de hacer crecer al país. El gobierno debe ser
rector, promotor, recaudador y garante de la seguridad pública que se requiere para invertir.
Esto último debe ser la mayor preocupación por los años violentos que hemos
tenido. En el otro desafío del gobierno, el combate a la corrupción estamos de
acuerdo que no queremos ya más “show”, por ello muchos ciudadanos de manera
individual y agrupados se han abocado a la tarea de construir el llamado SNA,
que es el marco institucional para hacer frente a este viejo lastre.
En
las medidas que se están tomando hay que evitar a través de una adecuada
explicación basada en datos reales que se vaya generando un clima de malestar, hostilidad y
persecución que paralice las decisiones de inversión privada que son
fundamentales para el país para recuperar el crecimiento. Sin avances en la
inversión no podremos ni crear empleos, ni reducir los rezagos y frenar la
pobreza. Los programas asistenciales sólo son un paliativo, una transición, una
ayuda temporal, no son una solución definitiva para lograr un mejor nivel de
vida para la población. En la reciente aprobación del llamado “reddito de cittadinanza”
(ingreso mínimo) en Italia llama la atención que el mismo se concibió como un
ingreso temporal sujeto a varias condiciones.
En la
enumeración de los datos siguientes, cuya fuente es INEGI, trato de mostrar
porqué el gobierno no puede solo mover a la economía a pesar de las buenas
intenciones y de los limitados recursos de que dispone para hacerlo.
En
cuanto al peso sectorial en la economía, según datos de 2016, el sector público
sólo representaba el 17.4% contra el 82.6% del privado en la generación del
PIB.
En
cuanto a consumo final (compra de bienes y servicios), según datos de 2017, el
sector público representó el 14.7% en contraste con el 85.3% del sector privado.
En
materia de formación bruta de capital fijo (inversión), el sector público
representó el 15.2% del total contra el 84.8% del privado en 2017.
En
términos de la demanda laboral, podemos observar también las diferencias, ya
que, si tomamos los datos del número de asegurados del IMSS y los comparamos
con los del ISSSTE, los primeros según cifras de 2017 ascienden a 19.2 millones
de personas contra el 2.9 millones del segundo (no están incluidos fuerzas
armadas, la paraestatal PEMEX y otras instituciones que tienen sistemas de
seguridad social particulares).
Finalmente,
en el rubro de las exportaciones, si consideramos que en materia de petróleo PEMEX,
empresa productiva de Estado, es la exportadora única, el monto de la misma
representa sólo el 5.8% del total contra el 94.2% de no petroleras, realizadas
principalmente por empresas privadas.
En
conclusión, la recuperación del crecimiento económico, un mayor empleo y una
mejor distribución de la riqueza pasan necesariamente por una alianza entre el
gobierno y el sector privado basada en la colaboración, el respeto, la
confianza, la recuperación de la seguridad pública y la defensa de la seguridad jurídica. No hay otra opción, el
discurso descalificador nos puede llevar sólo al estancamiento y a la
profundización de las divisiones en el país en todos los ámbitos.
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