Octubre
3, 2017
La
rebeldía catalana toma nueva fuerza
El gobierno catalán realizó
finalmente su famoso referéndum en medio de un sin número de irregularidades,
el cual arrojó una votación según los conteos del mismo, a falta de autoridad electoral,
de más del 90% de la votación a favor de la separación.
La votación se dio en medio de
altercados con la policía, violencia física y verbal de ambos bandos, aunque de
los más de 800 heridos que mañosamente señala el gobierno catalán, la mayor
parte son personas con contusiones, mareos o “crisis de ansiedad” según los
mismos servicios médicos locales. Esto último me llama la atención porque jamás
lo había escuchado, sin duda se trata de una nueva modalidad de heridos
catalanes.
En los próximos días, de
acuerdo a lo que han mencionado los dirigentes se informará al parlamento local
para que se proceda iniciar el proceso de separación unilateral, ya que no
piensan hacer ninguna negociación con el gobierno español a partir de la
abrumadora “mayoría” que el sí ha obtenido.
En los dirigentes catalanes
parece existir una ideología incapaz de aceptar que en el marco de la actual
legalidad española pueda haber una posibilidad de negociar una salida a sus
pretensiones de separarse del resto de España.
El gobierno español, por otro
lado, parece estar de alguna manera a la expectativa, ya que siendo sostenido
parlamentariamente por los socialistas y Ciudadanos un partido de
centro-derecha tiene que negociar con ellos para cualquier acción que emprenda
frente al conflicto. Además, de que dichos partidos están también considerando
sus propios intereses políticos, por lo que su apoyo es siempre condicionado.
La mediación de la Unión
Europea, que ahora claman algunos de los dirigentes catalanes, no parece que
convenza a muchos, en la medida en que la misma parece no ser del agrado de los
grupos de extremistas de donde provienen algunos de sus dirigentes.
La acción unilateral de
separación, sin duda, llevará a una profundización del conflicto, con la
probable aplicación de un artículo de la Constitución española que permitiría
al gobierno central de tomar medidas de carácter más drástico para preservar su
control sobre la región rebelde.
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