Deuda pública: se prenden los focos rojos.

Septiembre de 2016

Deuda pública: creciente inquietud en los observadores externos e internos

Los recientes ajustes de las grandes empresas calificadoras estadunidenses Moody´s y Standard & Poors sobre las perspectivas de la deuda pública del país que pasaron de estable a negativas han provocado inquietudes sobre la evolución de ésta durante la presente administración gubernamental que está por cumplir su cuarto año de gestión.

El saldo de la deuda del sector público tiene dos componentes: la deuda pública contratada con el exterior y la deuda interna que se fondea con recursos del sistema financiero local.

La deuda externa proviene de préstamos con la banca privada, con los organismos internacionales y de la colocación de bonos en los mercados internacionales. Ésta última tuvo niveles importantes desde principios de la década de los noventa, luego disminuyó y comenzó nuevamente a subir a partir de 2008. La deuda externa como proporción del PIB alcanzó los 11% en 2012 y llegó al 14% en 2015.

En cuanto al endeudamiento interno está aumentando su participación con respecto al PIB como resultado de privilegiar dicha vía sobre la externa por los problemas de pago que se tuvieron en el pasado (bajas reservas, volatilidad cambiaria y necesidad de contratar nuevos préstamos del exterior en condiciones poco atractivas). Esta representaba el 22% de la deuda con respecto al PIB en 2012 y subió al 31% en 2015.

En la actualidad, el endeudamiento interno proviene, en una parte importante, de la emisión de bonos de desarrollo a tasa fija en el mercado doméstico, cuyo monto se ha disparado de manera significativa.

La proporción de la deuda del sector con respecto a la economía (interna y externa) comenzó nuevamente a crecer a partir del gobierno de Felipe Calderón, y lo ha estado haciendo rápidamente durante lo que va del actual gobierno de Enrique Peña: pasó del 22.6% del PIB en 2006 a 35.9% en 2012 y se estima alcance el 48.5% en 2016. Tal parece que la preocupación de los gobiernos anteriores de Ernesto Zedillo y Vicente Fox por las crisis de pago asociada a la contratación de deuda y que condujo a ser más cuidadosos a recurrir a la misma desde mediados de la década de los noventa, ha quedado ya registrada en las páginas de la historia económica del país. Por otro lado, es falso que la historia no se vaya a repetir, ya que por desgracia nuestros políticos tienen una memoria muy corta (seis años) y las experiencias nos muestran que están muy lejos de aprender de los errores del pasado.

La misma tendencia de aumento muestra el concepto más amplio de deuda, el llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público que incluye el gobierno y las empresas financieras y no financieras, el cual pasó de 37.7% del PIB en 2012, al 47% del PIB en 2015 y según estimaciones llegará al 50.5% el PIB en 2016.

El crecimiento de la deuda revela problemas evidentes en materia de planeación presupuestal por parte del actual gobierno que se derivan tanto de la combinación de una caída dramática en los ingresos petroleros como de las dificultades de índole política para ajustar el gasto corriente que involucra a las numerosas dependencias federales.

Los ingresos petroleros que constituyen alrededor del 30% de los ingresos totales del gobierno ha caído dramáticamente por los bajos precios de exportación de nuestras mezclas debido a la saturación del mercado petrolero por falta de acuerdo sobre las cuotas de producción: el precio promedio de la mezcla era de 101.96 dólares en 2012, disminuyó a 43.29 dólares en 2015 y en lo que va del año (hasta julio) registra un promedio de 32.25 dólares por barril.

La caída en los precios de nuestro petróleo ha implicado que los ingresos presupuestales por este concepto hayan registrado disminuciones significativas desde 2013 hasta lo que va del presente año. Las caídas más drásticas fueron de -32.8% en 2015 y de -19.6% en el periodo enero-junio del presente año.

Ante estas disminuciones espectaculares, el gasto corriente creció en 2014 en 5.6% y 4.9% en 2015 a pesar del recorte al gasto anunciado a principios de este último año por un monto de 124 mil 300 millones de pesos. El gasto corriente está estrechamente relacionado con la burocracia del gobierno federal, cuyo ajuste puede afectar potenciales votos electorales a favor del partido en el gobierno. En lo que va del presente año (hasta junio) el gasto se contrajo en -2.3% debido al ajuste presupuestal anunciado por el Secretario de Hacienda: el primero de 132 mil millones de pesos y segundo por 1.7 millones de pesos para el presente año. Este, sin embargo, va a afectar más a las inversiones de Pemex y CFE que a la nómina del gobierno. En puerta está un nuevo ajuste presupuestal para 2017 cuyo monto deberá todavía precisarse en el paquete fiscal del próximo año, aunque ya se habla que podría llegar hasta los 200 mil millones de pesos (en los precriterios de política económica para este año se había previsto un recorte de 175 mil millones de pesos).

La controvertida reforma fiscal que envió el gobierno en 2013 para aprobación de las cámaras y bajo la fuerte oposición de los empresarios, con el propósito de disminuir la dependencia de los ingresos petroleros y de contar con mayores recursos para el gasto ha sido por desgracia insuficiente para cubrir la caída de los mismos y el crecimiento del gasto. Esto a pesar de que los ingresos tributarios han tenido un comportamiento muy favorable en 2014, 2015 y en lo que va del presente año: 11.3%, 27.7% y 10.7% respectivamente.

Adicionalmente, la recaudación podría haber sido superior si la economía mexicana hubiera crecido a las tasas que se estimaban originalmente, lo cual no ha sucedido, ya que el crecimiento ha sido muy bajo: 1.4% en 2013, 2.1% en 2014, 2.5% en 2015 y probablemente se alcance apenas el 2.0 % este año. El gobierno bajó recientemente su rango de crecimiento para 2016 en coincidencia con los ajustes de otras instancias privadas a 2-2.5. El crecimiento promedio de la economía durante este gobierno ha sido más bajo que el de los últimos tres y de sus propias estimaciones.

Los políticos, por desgracia, sin importar el partido político al que pertenezcan no les interesa conocer el origen de los recursos presupuestales sólo quieren saber cuánto tienen y encontrar ingeniosas maneras de cómo gastarlo. Estos están ya listos a mantener sus feudos intocables como en el caso de varios secretarios de estados que han ya comenzado a manifestar que los recortes van afectar sólo a otras dependencias; los gobernadores o distinguidos miembros de ambas cámaras van a continuar presionando para buscan apoyar proyectos derivados de compromisos de campañas o cuya viabilidad está basada principalmente en buenos propósitos. En vista de tal escenario, el Secretario de Hacienda deberá por ello contar con toda la confianza del Presidente para poder disciplinar a sus colegas del gabinete y frenar las pretensiones del resto de la clase política de gastar lo que no se tiene. Esto puede resultar difícil si el funcionario le está apostando también a competir por la candidatura presidencial.