¿Punto final a la corrupción?

Ciudad de México, agosto de 2016

¿SNA: pondrá punto final a la corrupción?

La reciente promulgación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el 18 de julio pasado, es un hecho  esperanzador de que al igual que otros países avancemos hacia la eliminación de prácticas que todos condenamos y que por desgracia todos participamos (“déjalos que roben, ya nos llegará nuestra oportunidad”). En ellas siempre se presentan dos sujetos el que pide la “mordida” (el término más común cuando se habla de corrupción) y el que la otorga.

El nuevo sistema incluye varias cambios legales importantes, nueva Ley General del SNA, fortalecimiento al marco de actuación de la Auditoria Superior de la Federación (auditorías a ejercicios fiscales en curso y revisiones a pasados), modificaciones a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (inclusión de la 3 de 3), reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (que incluye sanciones a servidores públicos y privados), reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública,  al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República); se crean instancias como el Comité Coordinador del SNA donde participarán varias dependencias, se crea un Comité de Participación Ciudadana (cinco ciudadanos que estarán en la coordinación), salas especializas en el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.

Por desgracia los medios de prensa dieron una vez más muestra de sus limitaciones,  ya que a lo que se dio más atención en las semana previas fue a la famoso propuesta de “3 de 3”, que es sólo un parte del paquete de iniciativas, la cual incluye la obligación de que los funcionarios presenten tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. Esta tuvo ajustes de último momento en la discusión  legislativa que incorporaba la obligación para los proveedores de bienes y servicios, que causó fuerte oposición de los empresarios y fue finalmente objeto de un veto presidencial que llevó a su eliminación. Sin embargo, no se modificó el texto que suprimió disposiciones que hacían menos gravosas las mencionadas declaraciones (formatos establecidos y publicidad de las declaraciones).

En  toda esta intensa actividad creativa se percibe un gran esfuerzo de hacer frente por parte de los varios poderes y ahora con una activa participación de los organismos de la sociedad civil  a un persistente fenómeno  que  permea en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana como es la corrupción y su impunidad, incluyendo por primera vez en la ley no sólo a los funcionarios públicos sino a los privados como actores de delitos y  sujetos de sanciones distinguiendo de acuerdo a su gravedad. Hay también ajustes en el tipo de sanciones  derivadas de los delitos de los funcionarios públicos y con repercusiones sobre el patrimonio del estado que los analistas estiman mejoraran la capacidad de atacar dichas conductas. En esto deberá haber también decisión y consistencia política, ya que existe la presunción de parte del ciudadano que hasta ahora ha habido discreción en la aplicación de la ley: a los enemigos todo el peso de la ley, a los amigos con benevolencia como dice un viejo refrán.

A pesar de lo anterior, no que hay que olvidarnos que por desgracia la clase política del país está muy preparada para elaborar espléndidas leyes y crear magníficas instituciones (no es privativo del nuestro en la medida en que es muy frecuente en los que seguimos el derecho romano y latino), ya que somos muy proclives a desarrollar toda una “mitología” sobre unas y otras que nos hace ingenuamente perder el buen juicio y pensar que con ello eliminaremos  de manera tajante prácticas y costumbres nocivas arraigadas en nuestra sociedad. El país está lleno de leyes que  no se cumplen e instituciones que no funcionan por una infinidad de razones, pero más que nada porque los políticos quieren pasar a la historia por haber tenido dichas iniciativas.

Además que para nuestra clase política (partidos,  funcionarios públicos y poder legislativo son entre los más señalados como corruptos en las investigaciones que realizan organizaciones no gubernamentales internacionales como Transparency International[1] el tema siempre se ha incluido en todo tipo de pronunciamientos aunque los resultados  que arrojan las encuestas  muestran que la gente sigue señalando la corrupción como uno de los problemas más graves del país y las mediciones internacionales siguen mostrando que no hay todavía avances sustantivos en la materia.

En muchos de los promotores  civiles de esta iniciativa se percibe existe una gran expectativa optimista sobre los cambios legales, la creación de figuras como el fiscal, la participación de la sociedad civil a través del comité ciudadano, la inclusión de los privados como sujetos de la ley aunque todo deberá estar bajo el escrutinio permanente que resulte en su adecuada implementación. Sin duda, que serán necesarios, como ya lo han señalado, cambios en otras disposiciones legales que regulen otros ámbitos del quehacer público.

De acuerdo a Transparency International nuestro país en 2015 estaba en la posición 95 de un grupo de 167 en cuanto al índice de percepción de corrupción; hubo cierta mejoría con respecto al 2013 cuando estábamos en la posición 105 para un grupo de 175.

En este mismo sentido, en el llamado Barómetro Global de la Corrupción editado por la misma organización con datos del 2013, el 33% de la población reportó haber pagado “mordida” (de 1 a ocho servicios) en niveles similares a países como Egipto, Indonesia o Bolivia, se perciben como más corruptos en orden descendentes a partidos políticos, policía, funcionarios públicos, poder legislativo y poder judicial y se señala que el 88% de la población reconoce que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.

Además de que la corrupción es un costo que pesa en particular sobre  las familias que perciben ingresos muy bajos como lo señaló el Sr. Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana en el acto de promulgación del sistema mencionado y como otros lo han hecho para el caso de las pérdidas que se registran a causa de ello en términos del PIB. La más reciente  encuesta de la American Chamber señaló que el 50% de las empresas (probablemente las que son socias de dicha cámara) se sienten amenazadas por la corrupción incluso este es un porcentaje más alto que el de la inseguridad.

En ocasión de la promulgación de estas leyes, por desgracia  la prensa volvió a mostrar su propensión “amarillista” cuando aborda este tema al destacar el “perdón”  del Presidente Peña por su enredo con la “Casa Blanca” sobre el resto de las intervenciones que señalaron algunos de los contenidos valiosos y la importancia de las iniciativas para nuestro país.  

Finalmente, como  ya se ha reconocido se ha dado un paso importante para construir un sistema que permitirá desalentar, practicar y castigar la corrupción en  nuestra sociedad, lo que fortalecerá la confianza  en nuestras instituciones, nos quitará argumentos que han alimentado nuestro tradicional cinismo contra de ellas y  nos hará un país más cercano a aquellos con los que nos gusta compararnos por sus logros.

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[1] Esta organización internacional se estableció en 1993 y publica anualmente el índice de Percepción de la Corrupción y el Barómetro Global de la Corrupción para un grupo de países.