Ciudad de México, julio de 2016
Reforma educativa: el largo camino de la oposición
En el ámbito educativo del país los intereses magisteriales están representados a través de dos sindicatos, el SNTE y la CNTE, que nació de una escisión del primero en 1979 por maestros disidentes que buscaban prácticas sindicales más limpias aunque ahora algunos dudan que lo hayan logrado. El número de agremiados del primero, más de un millón y medio, los hace ser sindicato más importante en toda América Latina. El tema de la educación y las condiciones laborales de los maestros, cuando menos durante los gobiernos anteriores, se resolvía en negociaciones directas entre las autoridades de la secretaría de Educación y la SNTE. El dirigente de la SNTE era uno de los interlocutores más respetados por el gobierno hasta que su líder temporal la maestra Elba Esther Gordillo representó un desafío político incluyendo un potencial obstáculo a su reforma que alarmó al nuevo presidente, quién a través de diversos cargos penales la procesó, encarceló y aceptó que un subalterno dirigiera el importante sindicato.
Desde la reforma educativa promulgada en 2013 , las movilizaciones de la CNTE han sido amplias en todo el país en particular donde esta tiene sus principales baluartes Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, el tono de las mismas ha pasado de pacífico a una mayor agresividad y violencia en la medida en que su dirigentes se han radicalizado (marchas, plantones, bloqueos carreteros, destrucción de unidades de transporte, cierre de centros comerciales, etcétera), afectando los intereses de muchos otros grupos de ciudadanos. Se trata también de los estados donde los indicadores educativos son más deficientes. Estas protestas se han extendido a la ciudad de México donde está la sede del poder ejecutivo federal y la CNTE puede lograr una mayor cobertura por parte de los medios. El malestar de sociedad organizada contra las protestas de la CNTE se ha incrementado con señalamientos que su lucha está encaminada no sólo a propósitos educativos sino de índole de control político en particular ante una pérdida de fuerza del actual presidente y las próximas elecciones presidenciales en 2018.
En su respuesta el gobierno a través de la secretaria de Gobernación ha llamado al diálogo para hacer frente a las demandas viables de los maestros, pero ha insistido una y otra vez a que la reforma no se va a derogar. El nuevo secretario de Educación, un joven sin gran experiencia política (era jefe de la oficina presidencial) pero que cuenta con la simpatía del presidente y se le considera como uno de sus potenciales candidato a sucederlo se ha mantenido renuente a negociar pero reiterando su oposición a cualquier retroceso en la reforma. El protagonismo público que tiene, sin duda alentado por el mismo presidente, hace más propenso a que sus actos se visualicen encaminados a proyectar su imagen política que a llevar a cabo una negociación que implicaría un riesgo de desgaste incluso mayor si los resultados llevan a acuerdos comprometedores, con los beligerantes opositores a la reforma.
El planteamiento principal está dirigido a derogar la reforma educativa, a la cual se han sumado demandas ahora para liberar a sus dirigentes detenidos por diversos delitos cometidos a lo largo de sus protestas incluyendo el lavado de dinero resultado de la firma de contratos con proveedores cuyas fuentes de pagos se desconocen. En las protestas más recientes ha sumado a sus demandas originales la eliminación de la evaluación de desempeño que considera punitiva y la reinstalación de los profesores despedidos en el proceso de su aplicación (los que no se presentaron y que se dijo serían despedidos). Además pide incrementar la matrícula de las escuelas normales, la revisión de los planes de estudio y la asignación automática de plazas a los normalistas. La interlocución oficial con el gobierno que se le había negado, ya que el SNTE es en términos laborales la contraparte oficial, de alguna manera la ha obtenido en la medida que se tiene una mesa de negociación con el gobierno.
En esta discusión está llamado a ser también parte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, un organismo que se creó y se le dio autonomía a partir de la reforma para diseñar los mecanismos de evaluación mientras que las autoridades educativas son responsables de aplicarlos. Sin embargo, la supuesta autonomía parece cada vez más amenazada por la presión del gobierno a buscar ajustes en los mecanismos de evaluación que se han aplicado desde el año pasado a más de cien mil maestros ante las nuevas demandas tanto de la CNTE como recientemente de la SNTE.
El INEE fue pronto a reclamar su autonomía y a anunciar que el proceso de evaluación está siendo sujeto a estudio aunque señalando que las fallas en su aplicación de carácter técnico y logístico corresponden a la secretaría de Educación y a sus contrapartes locales. Además, ha señalado, respondiendo a las demandas de los opositores, que los docentes participaron en el diseño de los mecanismos a través de los comités académicos y que en todo caso serían las instancias para discutir los cambios que se consideren pertinentes.
Hasta el mes pasado, el SNTE que es la principal organización sindical magisterial con fuertes vínculos gubernamentales e interlocutor oficial en términos laborales mantuvo desde la promulgación de la reforma una actitud de apoyo. Sin embargo, ha recientemente cuestionado la evaluación de desempeño por sus contenidos y fallas en su aplicación, demanda cambios a la Ley General del Servicio Profesional Docente incluyendo el sistema de incentivo a la carrera magisterial (ajuste en el monto del incentivo al igual que al salario). La SNTE ha señalado: “que la evaluación debe ser más realista, pertinente y cercana a la experiencia cotidiana y contextual de los docentes.” El gobierno, con la finalidad de evitar abrir otro frente de conflicto ahora con la SNTE ha aceptado rápidamente abrir una mesa de negociación con esta agrupación para buscar las vías de satisfacer las demandas de este gremio.
En este sentido, ambas agrupaciones consideran que la evaluación no se puede estandarizar ni tampoco ser punitiva (pérdida del empleo), que se debe tomar en cuenta el contexto de los maestros (“contextualización”). Sin embargo, los críticos a dicha postura señalan que un maestro preparado pude servir en cualquier medio y que el maestro que al tercer intento no pasa la evaluación no es dado de baja, ya que se puede integrar a labores administrativas o acoger a un programa de retiro. Se establece que si la evaluación es satisfactoria sólo se repetirá en un plazo no menor de cuatro años y cuando no lo es en un plazo de un año.
Adicionalmente, cabe destacar que la creación del Servicio Profesional Docente en 2013 establece que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el mismo debe darse a través de la evaluación. Sin embargo, esto puede ser entendido como un obstáculo para que los sindicatos, como sucedía en el pasado, promuevan a nuevas plazas a sus consentidos. En la opinión de algunos comentaristas la principal oposición de los sindicatos viene de las dificultades que ahora se tienen para continuar las viejas prácticas de compra y venta de las plazas magisteriales que tenía seguro el trabajo e incluso el retiro de los maestros.
El 21 de julio pasado el secretario de Educación presentó el llamado nuevo modelo educativo, una propuesta que será discutida del 20 de julio hasta el 26 de agosto a través de una amplia consulta, la cual servirá para diseñar los nuevos libros de texto, los planes de estudio y la capacitación de los docentes. El marco de esta presentación, como nos hemos ya acostumbrado, fue una gran demostración de respaldo a la autoridad educativa y a la reforma. Sin embargo, esta propuesta se considera que se debía haber presentado desde hace dos años. La CNTE ha señalado que no participará en la consulta puesta que no incorpora sus planteamientos contenidos en un documento previamente preparado por ella. La SNTE ha anunciado que participará activamente en la elaboración de dicha propuesta.
El gobierno ha declarado hasta ahora estar decidido a seguir adelante con la reforma, a convencer más que imponer, a evitar que el proceso sea desviado por los intereses de las agrupaciones sindicales y a resistir a las presiones que a través de las protestas públicas han derivado ya en pérdidas humanas y materiales desde que estas comenzaron hace más tres años. Sin embargo, en toda negociación debe existir un intercambio de concesiones, por lo que habrá de estar pendiente hasta donde puede ceder el gobierno cuando ambas agrupaciones gremiales están cada vez más de acuerdo en algunas demandas. El interés del gobierno, como tanta veces ha afirmado es el de recuperar el control de la educación, pero me parece que no puede estar aislado de los maestros encargados de llevarla a cabo.
Reforma educativa: el largo camino de la oposición
En el ámbito educativo del país los intereses magisteriales están representados a través de dos sindicatos, el SNTE y la CNTE, que nació de una escisión del primero en 1979 por maestros disidentes que buscaban prácticas sindicales más limpias aunque ahora algunos dudan que lo hayan logrado. El número de agremiados del primero, más de un millón y medio, los hace ser sindicato más importante en toda América Latina. El tema de la educación y las condiciones laborales de los maestros, cuando menos durante los gobiernos anteriores, se resolvía en negociaciones directas entre las autoridades de la secretaría de Educación y la SNTE. El dirigente de la SNTE era uno de los interlocutores más respetados por el gobierno hasta que su líder temporal la maestra Elba Esther Gordillo representó un desafío político incluyendo un potencial obstáculo a su reforma que alarmó al nuevo presidente, quién a través de diversos cargos penales la procesó, encarceló y aceptó que un subalterno dirigiera el importante sindicato.
Desde la reforma educativa promulgada en 2013 , las movilizaciones de la CNTE han sido amplias en todo el país en particular donde esta tiene sus principales baluartes Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, el tono de las mismas ha pasado de pacífico a una mayor agresividad y violencia en la medida en que su dirigentes se han radicalizado (marchas, plantones, bloqueos carreteros, destrucción de unidades de transporte, cierre de centros comerciales, etcétera), afectando los intereses de muchos otros grupos de ciudadanos. Se trata también de los estados donde los indicadores educativos son más deficientes. Estas protestas se han extendido a la ciudad de México donde está la sede del poder ejecutivo federal y la CNTE puede lograr una mayor cobertura por parte de los medios. El malestar de sociedad organizada contra las protestas de la CNTE se ha incrementado con señalamientos que su lucha está encaminada no sólo a propósitos educativos sino de índole de control político en particular ante una pérdida de fuerza del actual presidente y las próximas elecciones presidenciales en 2018.
En su respuesta el gobierno a través de la secretaria de Gobernación ha llamado al diálogo para hacer frente a las demandas viables de los maestros, pero ha insistido una y otra vez a que la reforma no se va a derogar. El nuevo secretario de Educación, un joven sin gran experiencia política (era jefe de la oficina presidencial) pero que cuenta con la simpatía del presidente y se le considera como uno de sus potenciales candidato a sucederlo se ha mantenido renuente a negociar pero reiterando su oposición a cualquier retroceso en la reforma. El protagonismo público que tiene, sin duda alentado por el mismo presidente, hace más propenso a que sus actos se visualicen encaminados a proyectar su imagen política que a llevar a cabo una negociación que implicaría un riesgo de desgaste incluso mayor si los resultados llevan a acuerdos comprometedores, con los beligerantes opositores a la reforma.
El planteamiento principal está dirigido a derogar la reforma educativa, a la cual se han sumado demandas ahora para liberar a sus dirigentes detenidos por diversos delitos cometidos a lo largo de sus protestas incluyendo el lavado de dinero resultado de la firma de contratos con proveedores cuyas fuentes de pagos se desconocen. En las protestas más recientes ha sumado a sus demandas originales la eliminación de la evaluación de desempeño que considera punitiva y la reinstalación de los profesores despedidos en el proceso de su aplicación (los que no se presentaron y que se dijo serían despedidos). Además pide incrementar la matrícula de las escuelas normales, la revisión de los planes de estudio y la asignación automática de plazas a los normalistas. La interlocución oficial con el gobierno que se le había negado, ya que el SNTE es en términos laborales la contraparte oficial, de alguna manera la ha obtenido en la medida que se tiene una mesa de negociación con el gobierno.
En esta discusión está llamado a ser también parte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, un organismo que se creó y se le dio autonomía a partir de la reforma para diseñar los mecanismos de evaluación mientras que las autoridades educativas son responsables de aplicarlos. Sin embargo, la supuesta autonomía parece cada vez más amenazada por la presión del gobierno a buscar ajustes en los mecanismos de evaluación que se han aplicado desde el año pasado a más de cien mil maestros ante las nuevas demandas tanto de la CNTE como recientemente de la SNTE.
El INEE fue pronto a reclamar su autonomía y a anunciar que el proceso de evaluación está siendo sujeto a estudio aunque señalando que las fallas en su aplicación de carácter técnico y logístico corresponden a la secretaría de Educación y a sus contrapartes locales. Además, ha señalado, respondiendo a las demandas de los opositores, que los docentes participaron en el diseño de los mecanismos a través de los comités académicos y que en todo caso serían las instancias para discutir los cambios que se consideren pertinentes.
Hasta el mes pasado, el SNTE que es la principal organización sindical magisterial con fuertes vínculos gubernamentales e interlocutor oficial en términos laborales mantuvo desde la promulgación de la reforma una actitud de apoyo. Sin embargo, ha recientemente cuestionado la evaluación de desempeño por sus contenidos y fallas en su aplicación, demanda cambios a la Ley General del Servicio Profesional Docente incluyendo el sistema de incentivo a la carrera magisterial (ajuste en el monto del incentivo al igual que al salario). La SNTE ha señalado: “que la evaluación debe ser más realista, pertinente y cercana a la experiencia cotidiana y contextual de los docentes.” El gobierno, con la finalidad de evitar abrir otro frente de conflicto ahora con la SNTE ha aceptado rápidamente abrir una mesa de negociación con esta agrupación para buscar las vías de satisfacer las demandas de este gremio.
En este sentido, ambas agrupaciones consideran que la evaluación no se puede estandarizar ni tampoco ser punitiva (pérdida del empleo), que se debe tomar en cuenta el contexto de los maestros (“contextualización”). Sin embargo, los críticos a dicha postura señalan que un maestro preparado pude servir en cualquier medio y que el maestro que al tercer intento no pasa la evaluación no es dado de baja, ya que se puede integrar a labores administrativas o acoger a un programa de retiro. Se establece que si la evaluación es satisfactoria sólo se repetirá en un plazo no menor de cuatro años y cuando no lo es en un plazo de un año.
Adicionalmente, cabe destacar que la creación del Servicio Profesional Docente en 2013 establece que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el mismo debe darse a través de la evaluación. Sin embargo, esto puede ser entendido como un obstáculo para que los sindicatos, como sucedía en el pasado, promuevan a nuevas plazas a sus consentidos. En la opinión de algunos comentaristas la principal oposición de los sindicatos viene de las dificultades que ahora se tienen para continuar las viejas prácticas de compra y venta de las plazas magisteriales que tenía seguro el trabajo e incluso el retiro de los maestros.
El 21 de julio pasado el secretario de Educación presentó el llamado nuevo modelo educativo, una propuesta que será discutida del 20 de julio hasta el 26 de agosto a través de una amplia consulta, la cual servirá para diseñar los nuevos libros de texto, los planes de estudio y la capacitación de los docentes. El marco de esta presentación, como nos hemos ya acostumbrado, fue una gran demostración de respaldo a la autoridad educativa y a la reforma. Sin embargo, esta propuesta se considera que se debía haber presentado desde hace dos años. La CNTE ha señalado que no participará en la consulta puesta que no incorpora sus planteamientos contenidos en un documento previamente preparado por ella. La SNTE ha anunciado que participará activamente en la elaboración de dicha propuesta.
El gobierno ha declarado hasta ahora estar decidido a seguir adelante con la reforma, a convencer más que imponer, a evitar que el proceso sea desviado por los intereses de las agrupaciones sindicales y a resistir a las presiones que a través de las protestas públicas han derivado ya en pérdidas humanas y materiales desde que estas comenzaron hace más tres años. Sin embargo, en toda negociación debe existir un intercambio de concesiones, por lo que habrá de estar pendiente hasta donde puede ceder el gobierno cuando ambas agrupaciones gremiales están cada vez más de acuerdo en algunas demandas. El interés del gobierno, como tanta veces ha afirmado es el de recuperar el control de la educación, pero me parece que no puede estar aislado de los maestros encargados de llevarla a cabo.
Este México político, parece que nos lleva al desastre en lo general; todo es improvisación y conveniencia política, nada de escuchar al pueblo, tampoco a las voces mas acreditadas, corrupción. La duda es...¿ a dónde nos puede llevar esto?, pero como dicen si el pueblo, los intelectuales, intervienen, creo que podemos llegar a dónde realmente queremos y no a la realidad virtual que nos quieren presentar.
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