La reforma eléctrica y la inversión privada (versión actualizada)

 

 20 de noviembre 2025

 

           La reforma eléctrica y la inversión privada 

 

La iniciativa de reforma energética, cuyo enfoque principal fue el mercado eléctrico (copia fiel de la presentada por el expresidente AMLO el 5 de febrero de 2024) modifica los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Esta, aprobada el 10 de octubre de 2024, tiene como elementos centrales los siguientes:

 

-Las empresas productivas de estado pasan a ser ahora empresas públicas (reforma al artículo 25).

 

-La eliminación del concepto de “mejores prácticas internacionales” vigentes en el derecho corporativo que debían adoptar estas empresas en sus operaciones para su mayor eficacia, eficiencia, productividad, transparencia y rendición de cuentas (reforma al artículo 25).

 

-La CFE tendrá preponderancia en cuanto a la generación, transmisión y abastecimiento del mercado energético dado que su función es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad a este servicio (reforma al artículo 27)

 

-En el mismo artículo se señala que todas las etapas y actividades de transmisión, distribución y abastecimiento son áreas exclusivas del Estados y que la transición energética estará a cargo del Estado, privilegiando el uso de aquellas energías que favorezcan la protección del medio ambiente (reforma al artículo 27)

 

-La operación del sistema eléctrico (CFE) tendrá como objetivo preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y proveer al mejor precio posible sin buscar el “lucro”, aunque no se especifica que se entiende por esto último (reforma al artículo 28).

 

En cuanto a la exposición de motivo se señala que:

 

-La generación de energía eléctrica se hará bajo un esquema que permita recuperar mercado a la CFE, por lo que ahora el 54% de la generación será por parte de la CFE y 46% por parte de los privados reparto del mercado por decreto).

 

-El 46% se reincorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE basado en procedimiento de competencias (las empresas privadas podrán vender sus instalaciones a la CFE cuando lo deseen).

 

-El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se reincorpora a la Comisión Federal de Electricidad (esto no se llevó a cabo según la legislación secundaria en el sector eléctrico).

 

-La CENACE despachará en orden del mérito de costos de producción.

 

-La fragmentación generó pérdidas a la CFE (empresas subsidiarias) por lo que se procederá a su integración vertical.

 

-Se cancelarán todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.

 

-Se favorecerá la transición energética y se contará con políticas necesarias para esta transición, apoyada en el financiamiento y la demanda nacional.

 

-Se respetarán los contratos existentes, aunque probablemente sin posibilidad de renovación en los casos en que hubiera un compromiso al respecto.

 

En la presentación de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico el pasado 13 de noviembre de 2024 se estableció además que en la parte de generación se aceptará la participación de privados en proyectos de la CFE bajo tres esquemas: contratos a largo plazo (que se licitarán), productores mixtos con un tope máximo del 46% (serán también licitados) mientras las CFE tendrá el 54% restante y siempre que se cumpla con los requerimientos de confiabilidad y respaldo establecidos en el Plan de Energía.

 

En el área del auto abasto el consumo propio quedará exento hasta los 0.7 megavatios, las que generen entre 0.7 a 20 megavatios deberán solicitar permiso y las grandes empresas pagarán una tarifa por el uso de la infraestructura de transmisión.

 

Los privados deberán mantener la meta de generar el 45% de la energía limpia para 2030 y en el caso de la energía intermitente eólica o solar se tendrá que mantener un 30% de respaldo y respetar lo que se denomina el código de red (documento que garantiza la planeación, el control operativo y el acceso al uso de la infraestructura del sistema eléctrico nacional, brindando estabilidad y distribución de la energía de manera sostenible).

 

Las empresas privadas generarán energías renovables en 2030 hasta por 9,550 megavatios.

 

Las leyes secundarias en materia de energía eléctrico del 19 de marzo de 2025 incluyeron la ley de la empresa pública de estado CFE y la del sector eléctrico, la cual contiene las líneas básicas de la participación permitida a los privados:

 

En la primera se decreta la extinción de las empresas subsidiarias, se aprueba un régimen especial en varias materias incluyendo adquisiciones, se permite la celebración de contratos o inversiones mixtas, se permite la asociación o alianzas con terceros en materia de transmisión y distribución, se decreta la elaboración de una propuesta global de financiamiento para su inclusión en el presupuesto de la federación, se promete reducir el impacto ambiental de las actividades y se respetan las obligaciones existentes.

 

En la segunda destacan:

 

-La exclusividad en la transmisión y distribución y el suministro básico de la CFE, aunque con la posibilidad de celebrar contratos con particulares para la conservación, el mantenimiento y ampliación de la infraestructura para prestar servicios de transmisión y distribución respetando el principio de “prevalencia” de la CFE (54% del promedio de la energía generada en el SEN aunque este porcentaje puede ser sujeto a interpretaciones), además de que la prevalencia de la CFE es extensiva el despacho económico del suministro que estará bajo la responsabilidad del CENACE sujeto se dice a restricciones de confiabilidad y seguridad (el despacho se pretendía que fuera en términos de la energía que costaba menos producir que son las menos contaminantes (ciclo combinado, eólicas, solares frente a la combustión interna y las termoeléctricas),  mientras que en la referencia actual todo ello queda sujeto a la interpretación del CENACE, el cual se supone tomará en cuenta los costos variables de producción, la confiablidad  y seguridad del abasto)

-En la generación de energía eléctrica se incluye la figura de generación distribuida (capacidad menor a 0.7 megavatios por redes interconectadas con alta concentración de carga que puede ser vendida al suministrador básico entiéndase la CFE,lo cual no requiere permiso), autoconsumo (menor a 0.7 megavatios ya sea de manera aislada o interconectada) y la generación para el mercado eléctrico mayorista (capacidad igual o mayor a 0.7 megavatios sin límite máximo para la comercialización).

-Desarrollo o inversión mixtos bajo la modalidad ya sea de producción de largo plazo  (no hay aportación de recursos por la CFE, el contrato con la CFE la obliga a comprar la energía y luego se puede vender de manera opcional la planta privada a la citada empresa en un modelo similar al que se tenía con los productores independientes), inversión mixta mediante asociación o alianza entre particulares y la CFE (la participación de la CFE es del 54% ya sea directamente o a través de una subsidiaria y la producción es adquirida preferentemente por la CFE) y las ventas a terceros usuarios que venden a consumidores conectados a una misma red.

-Contratos legados (centrales de autoabasto) que datan de las reformas previas a la ley que se respetarán hasta su total conclusión (estas surgieron desde 1992 antes del TLC debido a la falta de recursos para cubrir el suministro eléctrico cuando se dio la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica)

-Cogeneración que corresponden a la generación de energía ya sea de vapor o térmica o ambas a través de alianzas entre empresas ya sea Pemex, CFE o particulares para cubrir los requerimientos de un proyecto determinado como en el caso de los complejos petroquímicos que hasta ahora no se han podido desarrollar por falta de recursos.

-La nueva normativa incluye disposiciones sobre el transporte y distribución (áreas exclusivas a cargo de la CFE que está obligada a prestar dicho servicio público), sobre la comercialización (que la pueden realizar con excepción del suministro básico, personas físicas o morales con un contrato de participación en el mercado mayorista mediante permiso otorgado bajo esa modalidad por la CNE),  los usuarios calificados (que deben estar registrados por la CNE y cumplir con determinados requisitos), las reglas de funcionamiento del mercado mayorista de energía y las obligaciones  del CENACE (este se convierte, contrario a lo que había afirmado que pasaba a la CFE), en un organismo público descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya administración está a cargo de un consejo de administración y una dirección general, con una tercera parte de consejeros independientes).

 

El 9 de abril de 2025 la presente administración presentó un nuevo plan de expansión del sector eléctrico en el marco del llamado Plan México que corrigió las cifras presentadas en noviembre de 2024, señalando ahora una inversión de 22, 377 millones de dólares para 59 proyectos, de los cuales 26 vienen de la administración pasada (los proyectos incluyen la generación de energía eólica, fotovoltaica, ciclo combinado, combustión interna, baterías, cogeneración y los que están por concluir)

 

En total se menciona que se generaría 29,047 megavatios, de los cuales 22,674 megavatios sería de proyectos con participación de la CFE y 6,400 megavatios de proyectos con participación de privados (la empresa COX, una multinacional española, es la única que ha  planeado realizar inversiones hasta este momento con la compra de las plantas eólicas, solares y de ciclo combinado de Iberdrola, una operación valuada en 4, 200 millones de dólares aprobada el pasado 4 de noviembre, lo cual no constituye una ampliación de capacidad, ya que las plantas estaban operando, pero significó el retiro definitvo de la segunda empresa española de México).

 

La inversión estimada de la CFE del 2025 al 2030 sería de 427 mil 624 millones de pesos; en transmisión la inversión sería de 124 mil millones de pesos y en distribución sería mayor a lo estimado originalmente; en el caso de los privados se estimaría una inversión de 130 mil millones de pesos en este nuevo plan. Sin embargo, con excepción del anuncio de Cox no hay grandes proyectos de otras empresas en materia de inversión mientras que la inversión pública decrecerá en 2025.

 

En la revisión de las cifras anuales incluyendo las estimadas para 2025  la empresa pública CFE, sería el principal vehículo de inversión para el periodo, en la cual cabe destacar lo siguiente:

 

-Los ingresos propios han crecido por debajo del gasto programable. Sin embargo, a septiembre de 2025 los ingresos propios se cayeron en 7.1% frente a un gasto programable que creció 1%

-La inversión física creció 34.3% entre 2024 y 2023. Sin embargo, la inversión física decreció en 28.1% entre enero y septiembre de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024

-La participación de dicha inversión en el gasto programable fue 11.2% en 2024 y se estima que registre un porcentaje menor en 2025 (a septiembre de 2025 era del 7%)

-La inversión fue financiada con un mayor recurso al endeudamiento, ya que el mismo creció en términos netos en 18.9% entre 2024 y 2023 pasando de 18,900 millones de pesos a 23, 534 millones de pesos. Sin embargo, el endeudamiento neto registrado a septiembre de 2025 muestra una disminución de 58%.

-La deuda financiera acumulada de corto y largo plazo creció 15% entre 2024 y 2023. El costo de la deuda (intereses y comisiones) a septiembre de 2025 supera ya ampliamente el registrado en el mismo periodo de 2024 (mayor en 18.6%)

-El Gobierno incrementó el subsidio (tarifas de bajo consumo) y las transferencias para la empresa (1.7%), de 76 625 millones de pesos a 81, 981 millones de pesos entre 2023 y 2024. El subsidio a septiembre de 2025 ya alcanzó el total recibido en 2023 (76,325 millones de pesos)

-El capital de trabajo de la empresa fue negativo en 85 mil millones de pesos en 2024, aunque menor a los 104 mil de 2023, lo que se traduce en problemas de liquidez. Sin embargo, el capital de trabajo a septiembre de 2025, aunque negativo (35 mil millones de pesos), muestra una mejoría con relación a diciembre de 2024.

-La empresa registró en 2024 un déficit histórico (no se había visto desde hace muchos años) de 271 mil millones de pesos (en 2023 tuvo una utilidad de 96 mil millones de pesos y de 26 mil millones en 2019 al inicio de la administración anterior). Sin embargo, a septiembre de 2025 la empresa muestra un saldo positivo en su operación de 125 mil millones de pesos.

-El capital contable disminuyó entre 2023 y 2024 pasando de 758 mil millones de pesos a 552 mil millones de pesos. Sin embargo, el capital contable muestra a septiembre de 2025 un aumento con respecto al que se tenía en diciembre de 2024.

 

En términos contables la empresa registró un grave deterioro entre 2023 y 2024, que parece de acuerdo con la información contable que se tiene a septiembre de 2025 que se ha frenado gracias principalmente al mayor subsidio del Gobierno Federal.

 

Además, cabe destacar que las cifras de inversión que trae la empresa cuando menos hasta 2025 no parecen respaldar el ambicioso presupuesto que ha presentado la autoridad para el periodo de 2025 a 2030 (la empresa registra una caída de la inversión física de 28.1% a septiembre de 2025), donde el promedio de inversión sólo en generación de energía sería de alrededor de 85, 525 millones de pesos, por lo cual no sabemos si estas cifras se podrán lograr en el periodo de esta administración y la restricción que implicará en materia de la realización de los diversos proyectos.

 

Ante el nuevo marco normativo se debe tener en cuenta que el país enfrenta un serio problema de abasto eléctrico que limita su potencial productivo además del suministro normal de energía a varias partes del país en particular bajo una situación de alta demanda como la que se vive en temporada de calor. Esto, ante la evidente falta de recursos públicos para canalizarlos al cuasi monopolio estatal de la CFE que le permita ampliar su capacidad de generación, transmisión y distribución, conlleva a la urgencia de abrir a la inversión privada algunas actividades relacionadas con el sector eléctrico, lo cual hasta el momento no se ha materializado. Sin embargo, la inversión en este sector como en el petrolero no está exenta de la incertidumbre que ocasiona una reforma al poder judicial donde los fallos contra el Gobierno pueden ser difíciles de lograr ante un sistema que se percibe ya de manera generalizada desde el exterior como falto de una debida independencia. Esto, aunque las autoridades federales lo soslayan bajo la supuesta democracia del voto popular, no se puede descartar que se constituya en un fuerte impedimento a que fluyan los recursos de los inversionistas privados en los montos que están considerando en las más recientes declaraciones que se han hecho bajo el llamado plan México, lo que ocasionará que no se cumplan las metas de generación prometidas. Esta situación ya se presentó con los proyectos (26 incluyendo plantas de ciclo combinado e hidroeléctricas) que vienen desde la administración pasado que no se han podido concluir por falta de recursos (se había estimado que algunos estarían ya operando desde 2025), con las consecuecias negativas en el suministro eléctrico de amplias regiones del país y un freno a las inversiones en otros rubros productivos.

 

Finalmente, ante la eminente revisión del T-MEC entre los tres países participantes a partir de las preocupaciones de Estados Unidos  y Canadá sobre la reforma energética de México que incluye tanto a Pemex como a la CFE es probable que aspectos como la llamada “prevalencia” de la CFE en el mercado eléctrico sea considerada como una discriminación hacia las empresas de los otros dos países (capítulo de inversiones), además de que la eliminación de los órganos autónomos como la CRE y la CNH   y su sustitución por la CNE bajo la sectorización de la SENER con un director general directamente nombrado por el Ejecutivo Federal (ratificado por el Senado) y apoyado por un comité técnico integrado por funcionarios de la SENER, de la CNE y tres expertos designados se ha visto como una pérdida de la independencia reguladora que se demanda en el mercado eléctrico (capítulo de empresas de estado). Esto se suma a la consideración general que se incluyó en el tratado (cláusula del “torniquete”) que una vez que un país abre su comercio e inversión a los otros, no podrá haber un retroceso que implique cambiar las condiciones previamente existentes (menos si esta condición se ha otorgado en el caso de otros tratados como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Por ello, es muy probable que la próxima revisión del T-MEC incluya reconsiderar las condiciones existentes actualmente en el mercado energético de nuestro país, lo que responderá a la preocupación por las violaciones ya externadas por el representante comercial de Estados Unidos  en varios foros y documentos oficiales, además de las señaladas recientemente por las principales organizaciones empresariales de Estados Unidos American Chamber of Commerce, Business Round Table y el Instituto Estadounidense del Petróleo (AIP), que demanda una postura más enérgica del gobierno de Estados Unidos.