Potencial de las Zonas Económicas Especiales

Abril de 2018

Potencial de las Zonas Económicas Especiales

Las diferencias regionales han sido desde siempre advertidas por los expertos del desarrollo económico y es tema de estudio en los cursos de economía regional que imparten algunas universidades del país.

En muchos países se han ensayado esquemas de desarrollo regional siendo quizás los más exitosos los que ha promovido China que ha convertido a algunas de sus regiones atrasadas en pujantes centros fabriles, aunque también con enormes costos ambientales y condiciones laborales precarias. Sin embargo, en muchos otros lugares han tenido rotundos fracasos.

En nuestro país en el pasado, se ensayaron diversos modelos de desarrollo regional, tengo presente las famosas cuencas hidrológicas en torno a los grandes ríos Balsas entre Guerrero y Michoacán y Papaloapan entre Oaxaca y Veracruz.

Además, se promovieron en otros casos proyectos de desarrollo más específicos como los distritos de riego en los valles de los ríos Yaqui y Mayo en Sonora, los de la Comarca Lagunera (Durango-Coahuila) y un ambicioso plan de desarrollo agropecuario en el área denominada La Chontalpa en Tabasco.

En mi última experiencia laboral estuve implicado en la elaboración de programas regionales por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana (Sedatu) para las regiones del Sur-sureste, Norte y Centro del país. El propósito era contar con diagnósticos, líneas de acción, instrumentos e indicadores de medición que permitieran impulsar estas regiones. Sin lugar a dudas pueden ser documentos de consulta útiles para los diseñadores de las zonas económicas, aunque ya sabemos que en estas cuestiones el valor de lo que existe suele ser totalmente descalificado por los nuevos protagonistas.

A medida que con la suscripción del TLC se acentuaron las diferencias regionales, se comenzó hablar en el Gobierno Federal de la necesidad de contar con zonas económicas especiales en la región sur sureste como un medio de frenar los rezagos existentes con respecto a otras del país que se habían beneficiado del mencionado acuerdo comercial.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se instituyeron a través de una legislación específica promulgada el primero de junio de 2016, la cual establece una serie de disposiciones concernientes a la declaratoria, convenios de coordinación, plan maestro de la zona, programa de desarrollo, incentivos, consejos técnicos, impacto social ambiental, permisos, administración, autoridades, transparencia, infracciones y sanciones.

Además, de que existe una Autoridad Federal encargada de su promoción actualmente bajo el liderazgo de un dirigente empresarial con manifiestas inclinaciones políticas afines al partido en el poder, lo que puede favorecer que sea tomado en cuenta.

Las mismas son áreas geográficas delimitadas por un polígono (donde puede existir un conjunto empresarial bajo un administrador integral o varios de ellos bajo varios administradores) que tiene a su vez otras áreas de influencia inmediatas.

Se constituyeron (en septiembre de 2017) zonas económicas especiales en Lázaro Cárdenas-La Unión entre Michoacán y Guerrero, en el Corredor del Istmo de Tehuantepec (incluye los dos polos de Salina Cruz y Coatzacoalcos), en Puerto Chiapas (incluye Tapachula) y están ya aprobadas, pero no oficializadas dos más: una en Tabasco (Dos Bocas) y otra en Campeche (probablemente entre Carmen y Champotón).

La declaratoria de zona y la concesión del permiso (sociedades privadas) o asignación (paraestatales) debe incluir un plan maestro revisable cada 5 años, que contenga las características generales de la infraestructura y los “servicios asociados” para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas. Este debe estar sancionado por las autoridades y su ejecución correrá por cuenta del administrador de la zona.

Estas tienen un tratamiento tributario especial en cuanto al ISR, IVA, estímulos fiscales para la capacitación, créditos fiscales y eliminación de pago de derechos para la compra de propiedades, entre otras. Estos beneficios se tramitan a través de una ventanilla única.

El gobierno federal y los locales están comprometidos, cada uno de acuerdo su capacidad financiera, en apoyar las inversiones públicas que se requieran para el establecimiento de las zonas. En principio, deberán brindar las tierras para su desarrollo, que de acuerdo a su tamaño puede variar entre miles de hectáreas a sólo unos cientos, lo cual puede resultar bastante gravoso para gobiernos siempre cortos de recursos.

Aunque, los cargos para los gobiernos locales pueden aumentar, ya que el programa de desarrollo menciona la participación de las varias instancias del gobierno en acciones de ordenamiento territorial y obras de infraestructura, transporte, comunicaciones, logística, energía, hídrica, ambiental y otros en el área de influencia. Además, de vigilancia, acceso a internet, “servicios de soporte a inversionistas”, programas de vivienda, salud, educación, esparcimiento, transporte público y otros tanto al interior como en el área externa.

Con los años de experiencia ya sabemos que de estos modelos de desarrollo se hablan maravillas en términos de inversión y generación de empleos, nos es la excepción en este caso.  En particular a los políticos siempre les encanta mencionar grandes cifras, la mayoría de las veces resultado de estimaciones muy optimistas (los compromisos de inversión ciertos son aquellos que llegan a nivel de proyectos ejecutivos pero ellos toman cierto tiempo). El ejecutivo federal en su anuncio de las zonas mencionó inversiones comprometidas por 6 200 millones de dólares y de 35 mil millones de dólares en un laso de entre 10 y 15 años, los ejecutivos locales hicieron lo mismo: 157 millones de dólares y 1527 empleos en el corto plazo en el caso de Chiapas y 565 millones de dólares en el de Oaxaca. El de Veracruz, fue más eufórico, elevó la inversión en 600 millones de dólares y la creación de empleos en 8 mil durante los próximos años.  

Hasta el día de hoy, salvo el anuncio de la inversión de Arceler Mittal en su planta siderúrgica de Michoacán (mil millones de dólares para los próximos tres años) no he sabido de algún proyecto importante que se haya ido a las zonas económicas especiales cuando menos que involucre inversión extranjera directa. Las empresas aeroespaciales hicieron nuevos anuncios para Querétaro, las automotrices para San Luis Potosí y Guanajuato, los de bebidas como los de la cervecera Constelletion Brand para Sonora y Baja California, el gran proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México se realiza en el Estado de México y los de explotación petrolera, cuya maduración lleva tiempo, se llevarán a cabo en aguas profundas y someras del Golfo de México, independientemente de la presencia o no de una zona económica.

En declaraciones recientes la autoridad federal señaló que  en mayo del presente año se harán las primeras autorizaciones para las empresas que denominó "ancla" y que los fallos para los concursos públicos de aquellas que harán desarrollos (probablemente se refiere a la infraestructura) se harán posteriormente. Además, de que los proyectos productivos tomarán entre 12 y 36 meses después de estos plazos. Esto nos muestra que el proceso llevará su tiempo (se tomó 15 meses entre el decreto y la primera declaratoria y 8 meses después de la primera declaratoria para  el inicio de las  autorizaciones).

A pesar de lo anterior, creemos que es mejor contar con algo que con nada cuando se refiere a la necesidad de impulsar el desarrollo de esta región del país, donde la crisis de la industria petrolera ha pegado muy fuerte (Campeche, Tabasco, Veracruz y en menor proporción Oaxaca), los complejos industriales están presentes sólo en Lázaro Cárdenas (siderúrgico) y sur de Veracruz (petroquímico) y la agricultura moderna se ha limitado a algunos enclaves dispersos en los estados que la integran. Si hay incentivos adecuados, coordinación y continuidad es probable que con los años lleguen inversiones y se creen empleos que beneficien a esta región.